Esta misma semana se conoció la existencia de otra investigación sobre Juan Carlos I por el posible uso de cuentas bancarias a nombre de terceros.
El rey emérito de España, Juan Carlos I, es objeto de una tercera investigación judicial vinculada a un presunto blanqueo de capitales, anunció la justicia este 6 de noviembre, dos días después de conocerse otra pesquisa contra el exmonarca exiliado desde agosto.
Existe “una tercera investigación sobre el aforado (Juan Carlos I, ndlr), iniciada como consecuencia de un informe del servicio de prevención del blanqueo de capitales (SEPLAC)”, indicó este viernes a la prensa la fiscalía general del Estado.
Las pesquisas las asumirá el Tribunal Supremo, el único habilitado para juzgar al antiguo monarca, añadió la fiscalía general, sin dar detalles sobre el contenido de la investigación ni los motivos de sospecha.
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Esta misma semana se conoció la existencia de otra investigación sobre Juan Carlos I por el posible uso de cuentas bancarias a nombre de terceros que se abrió en secreto a finales de 2019 por la fiscalía anticorrupción, según desveló el periódico digital eldiario.es.
Además, desde junio, el Tribunal Supremo investiga el presunto cobro de comisiones por parte del rey emérito vinculadas a la atribución a un consorcio de empresas españolas de un contrato por la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudita en 2011.
Según había explicado el diario suizo La Tribune de Ginebra, Juan Carlos I habría recibido en un banco suizo en 2008 una transferencia de 100 millones de dólares procedentes de la monarquía saudita.
La justicia helvética también investiga las cuentas bancarias del monarca, que a principios de agostó se exilió en los Emiratos Árabes para, según sus declaraciones, “facilitar el ejercicio” de funciones de su hijo y heredero Felipe VI.
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Ante el escándalo generado en España, el abogado del rey emérito aseguró días después que su cliente seguía a disposición de la justicia española.
Por ley, el jefe de Estado goza de inmunidad durante su ejercicio de funciones por lo que Juan Carlos I solo puede responder por presuntos delitos cometidos después de su abdicación, en junio de 2014.
En el caso de la segunda investigación, relativa al uso de cuentas bancarias a nombre de terceros, se tratan de hechos cometidos a posteriori por lo que, si se demostrara que el exmonarca utilizó ese dinero de espaldas a la agencia tributaria, podría enfrentarse a acusaciones por blanqueo de capitales.
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